Lucio A.
Muñoz (www.eleconomista.es)
31/05/2013 -
13:37
¿Puede tener éxito la nueva Ley de Emprendedores en un
entorno marcado por la economía de la subvención, los impuestos confiscatorios,
el intervencionismo estatal y el gasto público improductivo?
El ajuste en España está en marcha, si bien es preciso
señalar que la reducción del déficit del año pasado fue posible debido al
expolio al que el Gobierno sometió a las familias de clase media, a las pymes y
a los autónomos.
De todas formas, y a pesar de las subidas de
impuestos, el agujero fiscal está creciendo en 2013, ya que el déficit del
Estado supera al de hace un año a estas alturas. España sigue aplastada por una
deuda insostenible e impagable, sin que exista una voluntad política de recortar
el gasto público reduciendo radicalmente la estructura del Estado. (Recordemos,
igualmente, que la casta política sigue con sus inmorales, injustos e
inmerecidos privilegios intactos).
Aunque las exportaciones han experimentado un
relevante crecimiento en los primeros meses de 2013 gracias al enorme esfuerzo
de los empresarios españoles, no es factible centrar el proyecto de
recuperación económica de nuestro país únicamente en ellas. Por tanto, España
tiene la imperiosa necesidad de crecer y crear empleo por la vía de la
fundación de nuevas empresas, lo que regeneraría nuestro breado tejido
empresarial.
Algo falla en el planteamiento
¿Es posible potenciar el emprendimiento por mediación
de la nueva Ley de Emprendedores pero sin mejorar sustancialmente el entorno
(político, económico, financiero, fiscal, administrativo, laboral, etc.) en el
que deben moverse los emprendedores?
¿No sería más eficaz hacer primero las reformas de
calado que no quiere hacer el Gobierno para allanar el dificultoso camino por
el que deben transitar las pymes y los autónomos? Es decir, facilitar el acceso
a la financiación, bajar los impuestos, reducir la Administración, aumentar la
libertad económica, profundizar en la reforma laboral, impulsar la unidad de
mercado y la seguridad jurídica...
En principio, y sin conocer aún la letra pequeña del
anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores, algunos aspectos del mismo
pueden ser valorados positivamente como la limitación de la responsabilidad
patrimonial de los emprendedores ante acreedores privados, las menores
cotizaciones para autónomos pluriempleados o determinadas deducciones y
facilidades para crear una empresa.
Pero aún así, el legislador no puede pretender que
una nueva normativa sobre emprendeduría sea suficiente para subsanar las
carencias del modelo de economía subvencionada implantado actualmente en
España.
El Gobierno actual, igual que hizo el anterior, ha
optado por la economía de la subvención, los impuestos confiscatorios y el
intervencionismo estatal, arrinconando a la economía productiva y, por tanto, a
las empresas. Si este círculo vicioso no se corta, esta nueva ley de
emprendedores no tendrá el efecto deseado.
La altísima tasa de desempleo existente en España (al
margen del efecto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de la crisis
económico-financiera) es la consecuencia de la conjunción de una serie de
variables: impuestos abusivos, subvenciones improductivas, mamandurria del
Estado, falta de flexibilidad de nuestro mercado laboral, sindicatos de
clase... ¿Propone la Ley de Emprendedores alguna solución a tal efecto?
Los responsables de la ley
La única fórmula para que la nueva Ley de
Emprendedores tenga un resultado mínimamente satisfactorio es acompañar a la
misma de una bajada generalizada de impuestos que reactive tanto el consumo
interno como la capacidad de inversión de las empresas (y la renta de las
familias). No solamente hay margen para reducir los impuestos (recortando, de
forma paralela, los gastos del Estado en la misma proporción), sino que es
crucial bajarlos porque esta es la salida hacia el empleo y el crecimiento
económico.
El Gobierno no ha aprovechado para bajar los impuestos
ni la bajada de la prima de riesgo ni el aplazamiento respecto al cumplimiento
de los objetivos de déficit otorgado por Bruselas a España. De igual modo, el
Gobierno debería ser consciente de que un modelo de crecimiento basado en el
emprendimiento y en la creación de pymes y autónomos es incompatible con un
marco impositivo asfixiante.
Además, mejorar el clima fiscal y el entorno de los
negocios también ayudaría, sin duda, a atraer inversión extranjera, uno de los
motores que nuestra economía necesita encender urgentemente. Evidentemente, se
aprecia una contradicción entre aquello que desea comunicar el Gobierno (apoyar
el emprendimiento a través de la nueva ley) y la política económica que está
ejecutando (intervencionismo estatal, impuestos abusivos e inapreciable
reducción del gasto público).
En consecuencia, el mensaje llega completamente
distorsionado a los emprendedores. ¿Quiénes han elaborado la nueva Ley de
Emprendedores? ¿Asesores y políticos que ni han creado empresas ni han
trabajado en ellas o emprendedores reales?
La clave es el entorno. ¿Camina la nueva Ley de
Emprendedores en dirección contraria al entorno? ¿Cumplirá la Administración la
nueva Ley de Emprendedores, teniendo en cuenta los antecedentes, por ejemplo,
el incumplimiento permanente de la Ley de Morosidad pública?